EL CAMPO DE YUCATAN
Recientes confrontaciones verbales entre SAGARPA, Partidos políticos, diputados, uno que otro funcionario estatal y hasta una fundación, acerca de la situación actual en el campo de Yucatán, viene a dejarnos como en un pleito marital, la exposición de medias verdades nunca dichas cotidianamente.
Por un lado, diputados del PAN han alertado en diversas ocasiones sobre la falta de eficiencia gubernamental de Ivonne Ortega y su equipo de trabajo con el fin de hacer uso de recursos federales dispuestos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación destinados a la operación de cuando menos 8 programas para el campo yucateco. Argumentan la irresponsable acción del gobierno estatal de no complementar los recursos que por norma hace indispensable la operación de dichos programas de Alianza para el campo.
Por otro lado, en voz de su director, una fundación que ingenuamente acusa y en su entredicho se mete en sus propias patas, puesto que haciendo defensa con el ataque, argumenta la ineficiencia de las reglas de operación de los programas de SAGARPA, ha dicho también que esta institución ha “cerrado cortinas”, cuando habría que averiguar que esta haciendo la fundación sin la operación de los únicos recursos de que dispone y lo hace ser un apéndice gubernamental.
El secretario de Desarrollo rural del estado, en mea culpa, ha dicho: “Lastima margarito, no pudimos poner nuestra parte”. Esta es para mí la parte mas honesta (¿o cínica?) de todas las declaraciones.
SAGARPA, haciendo uso del derecho de reserva tan solo ha argumentado lo que todos saben: El gobierno del estado no cumplió con la parte que le corresponde.
Ciertamente es mucho mas que deficiencia gubernamental la del actual gobierno, lo llamaría falta de visión, porque además de haber perdido la oportunidad de invertir en mas infraestructura para el campo en 2008, el nuevo paquete del ejercicio fiscal para 2009 para el campo, se esta descartando la inversión en infraestructura rural y aumentando los gastos en apoyo directo a los productores; –vaya—como en un martes de carnaval, una gobernadora /reina, montada en un camión de redilas tirando a los campesinos, coas, machetes, motobombas y otras pequeñas cosas que lejos de resolver los problemas del campo, sirven como un acto de buena fe para los votos venideros.
Ante todo este panorama, podemos resaltar que aun cuando la causa que detona el caos fue la ineficiencia gubernamental, saca a colación otra serie de problemas que requieren mucho más que una suma de esfuerzos. En primer lugar una revisión detallada de las reglas de operación de los programas de SAGARPA, porque habría de saberse que las condiciones que Yucatán tiene en cuanto a sus sistemas de producción, se salen de toda norma y habría que adecuarlas tanto al tipo de producción, su rentabilidad y el conjunto de recursos humanos que interviene sin perder de vista al campesino y su idiosincrasia productiva. La agricultura es temporal y espacial, lo que funciona en el norte del país, no es aplicable aquí, la visión de un campesino Yucateco no es igual, ni siquiera parecida a un campesino de Veracruz, mucho menos de Sinaloa y si no, vean lo que los de Sinaloa han podido lograr en este Estado con tan solo el verbo y la acción.
Otro punto importante a revisar, es sobre las condiciones de educación, capacitación y formación bajo una visión más integral de todos los recursos humanos del campo en Yucatán. No existe ninguna instancia actual que ordene o dirija las guías de aprendizaje o reoriente la formación de los actores profesionales del campo yucateco. Técnicos o prestadores de servicio profesionales que se han hecho expertos en vender documentos que muy pocas veces han tenido éxito en los sistemas de producción rural, o al menos un éxito ajeno al cobro de sus servicios. Campesinos que se les da por hecho como expertos en la producción cuando requieren orientaciones certeras y precisas encaminadas a una mejor eficiencia productiva sin alterar las condiciones medioambientales a partir del uso de químicos o agro fármacos de manera indiscriminada.
La revisión de los quehaceres de los actores institucionales desde su función pública: Financieras, subsidiarias, normativas, de investigación, de extensión, de encadenamiento productivo, de administración, de mercados. Podemos ver actualmente en el campo Yucateco, investigadores que han llevado cerca de 20 años desarrollando una tecnología de producción que solo sirve a sus intereses personales y cobrando más de mil pesos por “pisada de surco”. Eso no es malo, sin embargo esa tecnología debería estar en manos de todos. Revisando también la acción humana del trato hacia los productores bajo una visión orientada al “cliente” y no bajo el trato despectivo que en algunas ocasiones han sido victimas campesinos en instituciones como la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.
Las acusaciones de despecho que han hecho los diversos actores de la sociedad en cuanto al campo Yucateco, ciertamente predice una conclusión, el campo en Yucatán es un caos. Y me gustaría saber cuales serán los indicadores que van a medir la eficiencia de los empleados de gobierno, principalmente del gobierno del Estado, si en 2008 sus principales actividades estaban en función de la operación de recursos que nunca se ejercieron. Quien me responde.
Por un lado, diputados del PAN han alertado en diversas ocasiones sobre la falta de eficiencia gubernamental de Ivonne Ortega y su equipo de trabajo con el fin de hacer uso de recursos federales dispuestos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación destinados a la operación de cuando menos 8 programas para el campo yucateco. Argumentan la irresponsable acción del gobierno estatal de no complementar los recursos que por norma hace indispensable la operación de dichos programas de Alianza para el campo.
Por otro lado, en voz de su director, una fundación que ingenuamente acusa y en su entredicho se mete en sus propias patas, puesto que haciendo defensa con el ataque, argumenta la ineficiencia de las reglas de operación de los programas de SAGARPA, ha dicho también que esta institución ha “cerrado cortinas”, cuando habría que averiguar que esta haciendo la fundación sin la operación de los únicos recursos de que dispone y lo hace ser un apéndice gubernamental.
El secretario de Desarrollo rural del estado, en mea culpa, ha dicho: “Lastima margarito, no pudimos poner nuestra parte”. Esta es para mí la parte mas honesta (¿o cínica?) de todas las declaraciones.
SAGARPA, haciendo uso del derecho de reserva tan solo ha argumentado lo que todos saben: El gobierno del estado no cumplió con la parte que le corresponde.
Ciertamente es mucho mas que deficiencia gubernamental la del actual gobierno, lo llamaría falta de visión, porque además de haber perdido la oportunidad de invertir en mas infraestructura para el campo en 2008, el nuevo paquete del ejercicio fiscal para 2009 para el campo, se esta descartando la inversión en infraestructura rural y aumentando los gastos en apoyo directo a los productores; –vaya—como en un martes de carnaval, una gobernadora /reina, montada en un camión de redilas tirando a los campesinos, coas, machetes, motobombas y otras pequeñas cosas que lejos de resolver los problemas del campo, sirven como un acto de buena fe para los votos venideros.
Ante todo este panorama, podemos resaltar que aun cuando la causa que detona el caos fue la ineficiencia gubernamental, saca a colación otra serie de problemas que requieren mucho más que una suma de esfuerzos. En primer lugar una revisión detallada de las reglas de operación de los programas de SAGARPA, porque habría de saberse que las condiciones que Yucatán tiene en cuanto a sus sistemas de producción, se salen de toda norma y habría que adecuarlas tanto al tipo de producción, su rentabilidad y el conjunto de recursos humanos que interviene sin perder de vista al campesino y su idiosincrasia productiva. La agricultura es temporal y espacial, lo que funciona en el norte del país, no es aplicable aquí, la visión de un campesino Yucateco no es igual, ni siquiera parecida a un campesino de Veracruz, mucho menos de Sinaloa y si no, vean lo que los de Sinaloa han podido lograr en este Estado con tan solo el verbo y la acción.
Otro punto importante a revisar, es sobre las condiciones de educación, capacitación y formación bajo una visión más integral de todos los recursos humanos del campo en Yucatán. No existe ninguna instancia actual que ordene o dirija las guías de aprendizaje o reoriente la formación de los actores profesionales del campo yucateco. Técnicos o prestadores de servicio profesionales que se han hecho expertos en vender documentos que muy pocas veces han tenido éxito en los sistemas de producción rural, o al menos un éxito ajeno al cobro de sus servicios. Campesinos que se les da por hecho como expertos en la producción cuando requieren orientaciones certeras y precisas encaminadas a una mejor eficiencia productiva sin alterar las condiciones medioambientales a partir del uso de químicos o agro fármacos de manera indiscriminada.
La revisión de los quehaceres de los actores institucionales desde su función pública: Financieras, subsidiarias, normativas, de investigación, de extensión, de encadenamiento productivo, de administración, de mercados. Podemos ver actualmente en el campo Yucateco, investigadores que han llevado cerca de 20 años desarrollando una tecnología de producción que solo sirve a sus intereses personales y cobrando más de mil pesos por “pisada de surco”. Eso no es malo, sin embargo esa tecnología debería estar en manos de todos. Revisando también la acción humana del trato hacia los productores bajo una visión orientada al “cliente” y no bajo el trato despectivo que en algunas ocasiones han sido victimas campesinos en instituciones como la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.
Las acusaciones de despecho que han hecho los diversos actores de la sociedad en cuanto al campo Yucateco, ciertamente predice una conclusión, el campo en Yucatán es un caos. Y me gustaría saber cuales serán los indicadores que van a medir la eficiencia de los empleados de gobierno, principalmente del gobierno del Estado, si en 2008 sus principales actividades estaban en función de la operación de recursos que nunca se ejercieron. Quien me responde.
